Campo

México importa millones de toneladas de granos cada año. Esto no es solo un dato comercial: es una vulnerabilidad estratégica. Un país que no puede alimentarse es un país que negocia desde la debilidad.

La soberanía alimentaria no significa autarquía absurda. Significa producir lo esencial —trigo, maíz, frijol, aceites— con capacidad suficiente para no depender de un shock internacional, una guerra o un arancel repentino.

El campo debe dejar de verse como «el México olvidado» y empezar a tratarse como infraestructura crítica, al nivel de puertos, refinerías y fibra óptica.

La productividad agrícola moderna combina tres elementos: agua bien administrada, tecnología accesible y reglas claras.

México tiene suelos extraordinarios y climas diversos, pero desperdicia agua, subsidia mal los cultivos y permite la sobreexplotación ilegal. La tecnología agrícola —riego de precisión, semillas adaptadas, maquinaria eficiente— debe democratizarse, no quedar en manos de unos pocos productores privilegiados.

La disciplina productiva es cultural tanto como técnica: horarios, calidad, estándares sanitarios y compromiso con el volumen.

Las comunidades menonitas del norte de México —especialmente en Chihuahua y Campeche— se han convertido en los productores de trigo más eficientes del país. Su disciplina, cohesión comunitaria y dominio técnico producen volúmenes que México necesita desesperadamente.

Sin embargo, este modelo presenta problemas estructurales que el Estado no puede seguir ignorando:

• Soberanía limitada: grandes extensiones de tierra fértil quedan fuera del control efectivo del proyecto nacional.
• Integración fiscal y social incompleta: comunidades cerradas que aportan producto pero no siempre aportan lealtad institucional al Estado mexicano.
• Conflictos de agua y territorio: disputas recurrentes con ejidatarios y comunidades vecinas.
• Privilegio sin contraprestación: acceso a tierra, agua y mercados sin la reciprocidad que exige un contrato social.

La tesis de este capítulo es clara: México debe agradecer la lección de productividad que las comunidades menonitas demostraron, pero debe reintegrar esas tierras, esos conocimientos y esa capacidad productiva al servicio del interés nacional.

Esto no es persecución religiosa. Es política de Estado: ninguna comunidad, por eficiente que sea, puede operar como enclave soberano dentro de un país que no se puede alimentar a sí mismo.

La propuesta concreta tiene varias fases:

1. Auditoría nacional de tierras agrícolas en manos de comunidades cerradas, con énfasis en Chihuahua, Campeche y zonas de alta producción de trigo.
2. Reversión o renegociación de concesiones donde existan irregularidades documentadas en agua, tierra o integración legal.
3. Transferencia de know-how: capturar técnicas de cultivo, manejo de maquinaria y logística menonita mediante programas de capacitación nacional —no depender de una sola comunidad.
4. Corporación nacional del trigo: entidad estatal o mixta que coordine siembra, molinos, harinas y distribución a precio estabilizado.
5. Incentivos a jóvenes rurales mexicanos para ocupar y productivizar las tierras reintegradas, con crédito, tecnología y compra garantizada.

El objetivo no es destruir la producción: es mexicanizarla, escalarla y subordinarla a la soberanía alimentaria.

El trigo no termina en el granero. Su valor real está en la cadena de transformación:

• Harina de trigo a precio estabilizado
• Pan, tortillas de harina, pastas y galletas fortificadas
• Programas de alimentación escolar y comunitaria
• Derivados proteicos y fortificados para zonas de alta desnutrición

México puede producir harinas de calidad a costos radicalmente menores si elimina intermediarios especulativos, integra molinos al plan nacional y usa escala industrial.

Un kilo de harina bien producido puede convertirse en decenas de raciones. Esto no es utopía: es logística, voluntad política y organización.